La Reforma ALD de EE.UU. Se Acerca a la Aprobación del Congreso

Por: Valentina Pasquali

Una gran cantidad de propuestas para optimizar el régimen de antilavado de dinero (ALD) de EE.UU. y crear una base de datos nacional de información de propiedad corporativa está programada para una votación final en el Congreso el próximo mes, después de asegurar la inclusión formal en un proyecto de ley más grande de asignaciones de defensa.

Los negociadores bipartitos, junto con los comités de finanzas del Senado y la cámara de representantes de EE.UU. acordaron incluir el lenguaje en el último borrador del proyecto de ley del presupuesto de defensa principal del país, la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2021, que anunciaron un senador y una congresista de EE.UU.

Las disposiciones de ALD ahora incluidas en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), encargarían específicamente a las entidades legales de los EE.UU. la revelación de las identidades de sus verdaderos propietarios a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingles) en el momento de la incorporación. Las autoridades y las instituciones financieras de EE.UU. tendrían acceso a la base de datos con fines de investigación y de debida diligencia.

Las propuestas surgen de la Ley de Transparencia Corporativa, un proyecto de ley presentado por la representante Carolyn Maloney (del partido demócrata de Nueva York) en mayo de 2019 que posteriormente integró las reformas de ALD que el representante Emanuel Cleaver (del partido demócrata de Missouri) buscaba en la Ley COUNTER—incluyendo una mejor capacitación de los examinadores federales y la expansión de las normas de ALD a los comerciantes de antigüedades—que fue aprobada por la cámara en octubre del año pasado.

Los legisladores de la cámara aprobaron la legislación combinada cuando aprobaron su versión de la Ley de Autorización de Defensa Nacional en julio.

Un proyecto de ley complementario apoyado por varios senadores demócratas y republicanos, es la Ley de Mejora de las Leyes de Lavado y Aumento del Seguimiento de Información Integral de la Actividad Criminal en las Empresas Shell, o Ley de Efectivo Ilícito, que no llegó a la versión del NDAA en el Senado este verano.

Porciones del proyecto de ley, sin embargo, aseguraron la consideración del Congreso en las últimas negociaciones, dijo el senador Mark Warner (del partido demócrata de Virginia), quien introdujo la legislación en septiembre de 2019, mientras enmarcaba las propuestas en términos de seguridad nacional.

Las disposiciones del proyecto de ley «no podrían llegar en un momento más importante», dijo un ayudante del Congreso a ACAMS moneylaundering.com con la condición de mantener el anonimato. «No hay manera de evitar un período de ajuste, pero esperamos que la administración entrante ponga los recursos y la prioridad para que ese período sea lo más corto posible».

Las propuestas también tienen por objeto aumentar los fondos y el personal de FinCEN, ampliar los mecanismos existentes de intercambio de información financiera y fomentar la adopción de las últimas tecnologías por los equipos de cumplimiento bancario.

El Congreso en pleno votará sobre el NDAA en la primera mitad de diciembre. El Presidente Donald Trump tendría entonces que firmar la versión final aprobada de la legislación para que sus disposiciones entren en vigor.

Los esfuerzos por establecer una base de datos de propietarios beneficiarios en EE.UU. se remontan al menos a doce años atrás, cuando el entonces senador Carl Levin (del partido demócrata de Michigan) propuso encargar a las autoridades estatales la obtención de los datos.

La Ley de Secreto Bancario, la ley de 1970 que sustenta el régimen nacional ALD, no ha sido objeto de una revisión estatutaria importante desde 2001, cuando el Congreso aprobó la Ley Patriota de EE.UU. a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

«La aprobacón de esta legislación abrumadoramente bipartidista reformaría fundamentalmente el marco ALD de EE.UU. por primera vez en décadas», dijo Erica Hanichak, directora de asuntos gubernamentales de un grupo de defensa con sede en Washington, D.C., la Coalición FACT, a moneylaundering.com, en un correo electrónico.

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