Nuevas Leyes PLA y Riesgos del CPA Nicaragüense

Como consecuencia de la aprobación de las nuevas leyes en relación a la Prevención Lavado de Activos (PLA) se pueden identificar algunas situaciones preocupantes para el ejercicio de la profesión de contaduría pública en Nicaragua.

Las nuevas leyes:

  • Ley 976: Ley de Unidad de Análisis Financiero
  • Ley 977: Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva

Traen consigo retos amplios y contradictorios a la vez. Son muchas las consultas que nos hacen sobre estos temas, en particular todos aquellos colegas que nunca se imaginaron que tendrían que ampliar sus conocimientos en los temas de prevención de lavado de dinero y aplicar los servicios que ofrecen, puesto que en la ley y su reglamento no se delimitaron cuáles son los servicios que ofrecen los Contadores Públicos Autorizados (CPA) sujetos a esta nueva normativa.

La Ley 977 en su artículo 9 Sujetos Obligados, inciso 4) establece: “Contadores Públicos Autorizados, colegiados en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua”. Luego la misma Ley 977 en su artículo 30 Supervisores, en el inciso c) designa: “Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua como supervisor con respecto a los CPA”.

En primer lugar, tenemos la pérdida de clientes actuales y potenciales, debido a que, en el caso de los otros sujetos obligados, como por ejemplo un banco, no necesita establecer estrategias de mercadeo agresivas para conseguir a sus clientes. Los clientes buscan a los bancos para poder abrir una cuenta corriente o de ahorro ya que todas las personas jurídicas necesitan contar con ese instrumento para poder operar.

Por el contrario, los CPA necesitan incrementar sus esfuerzos para obtener los clientes, quienes requieren de nuestros servicios por situaciones muy particulares, tales como auditorias financieras para optar a préstamos bancarios. La situación se complica mucho más por el hecho de que con la nueva ley los clientes deben saber que si existen situaciones en donde no se puedan obtener suficientes evidencias o no se pueda aplicar la debida diligencia del cliente (DDC), se tendrá que realizar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) como lo establece la Ley 976 Reporte de Operaciones Sospechosas en el artículo 8.

En segundo lugar, al tener que establecer un sistema de prevención de lavado de dinero dentro de la firma, el cual es costoso, se tendrían que elevar los costos de operación de las firmas o despachos de auditoria y estos se trasladarían a los clientes, con lo cual muchos clientes podrían no contratar dichos servicios. Todo esto para poder cumplir como sujeto obligado en lo que se establece en el artículo 15 de la Ley 977 con todos y cada uno de sus componentes de forma integral.

En tercer lugar, si después de haber concluido el trabajo de auditoria u otro servicio relacionado, el cliente es señalado o investigado e inclusive juzgado por los delitos establecidos en las leyes que estamos analizando, nuestra reputación se verá muy afectada, aunque se hayan realizado todos los procedimientos mínimos de conformidad con el encargo o servicio brindado. Todo esto en el mejor de los casos ya que dependiendo de las circunstancias y los objetivos de las instituciones encargadas de aplicar las leyes, hasta podrían formular cargos contra el contador.

En cuarto lugar, existen muchos clientes que constituyen y administran varios negocios, pero los CPA no auditan a todas las empresas propiedad del cliente de forma simultánea, por lo cual se tendría un límite para poder conocer el verdadero origen de los fondos de esas otras empresas. A pesar de que se solicite a los clientes la confirmación de las partes relacionadas.

En quinto lugar, el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua fue nombrado organismo supervisor y deberá formar una estructura para ejercer las funciones que se establecieron en la ley, con relación a esto surgen preguntas, como:

  • ¿En qué otros países se les ha asignado esta tarea a los organismos gremiales?
  • ¿Tendrá la capacidad el CCPN para realizar esa función siendo que, por más de 60 años, su objetivo y especialización ha sido la contaduría pública?
  • ¿De dónde saldrán los recursos para el cumplimiento de todo el proceso de supervisión?
  • ¿Para el control, seguimiento y seguridad de los ROS, de donde saldrán los recursos para la implementación de todo el sistema informático si no existe una partida presupuestaria por parte del gobierno?

Las Nuevas Leyes vs. la Ética

Por otro lado, desde el punto de vista ético y con relación a la Ley 976 en el artículo 8 Obligaciones de Reportar Operaciones Sospechosas, en su inciso 7) indica que los CPA estarán relevados de cumplir con el secreto profesional.

Con relación al párrafo anterior haremos un análisis revisando lo establecido en el código de ética del contador público aprobado para Nicaragua en tres de sus cinco Principios Fundamentales.

El principio de competencia profesional establece que el CPA debe mantenerse al día con los conocimientos necesarios para prestarle un servicio de alta calidad al público en general y la ley establece la implementación de un sistema de prevención de lavado de dinero, por lo cual el CPA deberá actualizarse de forma integral en este tema para poder cumplir con lo estableció en el código de ética.

Como ya se vio en el análisis realizado de las nuevas leyes, los CPA no podemos aducir o invocar el principio fundamental de nuestro código de ética como lo es la confidencialidad, la ley nos releva de esa responsabilidad. Pero aquí es donde se deberá tener mucho cuidado y no reportar más de la cuenta, es decir, se deberá tener un elevado juicio profesional y un vasto conocimiento del tema de prevención de lavado de dinero para que no se entregue información no solicitada o no acorde con el tema de prevención de lavado de dinero.

Aquí es donde no queda bien delimitada la frontera entre nuestro principio de confidencialidad y lo que se dejó plasmado en la ley y su reglamento.

El otro principio fundamental de nuestro código de ética es el que nos indica cumplir con las leyes y regulaciones. Sin embargo, aquí se presenta una situación bastante delicada, puesto que los profesionales que ejerzan la función de supervisores no deberían ejercer como contadores públicos independientes, pero si no ejercen como CPA no tendrán la competencia profesional para poder evaluar lo que se realice en una auditoria de estados financieros y/o servicios relacionados.

Los contadores públicos autorizados no estamos en contra de la creación de leyes en contra del delito de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. No obstante, como están elaboradas las leyes de la referencia, lejos de contribuir al combate de este delito, más bien entorpecen la realización de negocios y el buen funcionamiento de la economía y el completo desarrollo de la profesión de contaduría pública en Nicaragua.

A la fecha de la redacción de este artículo, tenemos conocimiento que existen varios recursos de amparo por inconstitucionalidad hacia las leyes 976 y 977, solo resta esperar las resoluciones que emita la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua al respecto.

Roger Osorio Salazar, CAMS, CPA, CFE, Roger Osorio & Asociados, Managua, Nicaragua, cparogerorosio@gmail.com

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