Pese a la Amenaza de Veto, el Paquete de Reforma ALD Se Dirige a la Casa Blanca

Por: Valentina Pasquali

El Senado de EE.UU., por abrumadora mayoría, aprobó un proyecto de ley de gastos de defensa que incluye amplias reformas en los controles del gobierno federal contra los delitos financieros, tres días después de que los legisladores de la Cámara de Representantes aprobaran la legislación.

El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con vetar la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) de este año, que además de cientos de páginas de artículos relacionados con el ejército, ordena la más amplia revisión de la Ley de Secreto Bancario desde el 2001, ordenando al Departamento del Tesoro de EE.UU. que construya una base de datos de propietarios de empresas, revise las obligaciones de debida diligencia de los clientes y amplíe las normas contra el lavado de dinero a los comerciantes de antigüedades.

Trump tiene ahora diez días para firmar la legislación y convertirla en ley, o arriesgarse a que el Congreso anule su veto en una votación final.

Si se aprueba, la sección de la NDAA que revisa la Ley de Secreto Bancario—la Ley Contra el Lavado de Dinero de 2020—cambiaría fundamentalmente la campaña estadounidense contra el crimen financiero de «ser una orden» a ser tener mayor énfasis en los resultados, dijo Jim Richards, exjefe de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de Wells Fargo.

«A los reguladores federales no les importa si se proporcionan buenos ROS (reportes de operaciones sospechosas) a las autoridades de control legal, no examinan si lo están, no preguntan a las autoridades de control legal si se está haciendo un buen trabajo», dijo Richards, ahora director de RegTech Consulting en California, a ACAMS moneylaundering.com. «Esta ley cambia eso».

La Ley de ALD se basa principalmente en las medidas propuestas por los legisladores de la Cámara de Representantes durante el año pasado, especialmente la Ley de Transparencia Corporativa y la Ley COUNTER. Una versión combinada de los proyectos de ley fue aprobada por la Cámara en octubre de 2019 y luego fue plegada en una iteración anterior del NDAA que la Cámara aprobó en julio.

Al igual que esos dos proyectos de ley, la Ley de ALD codifica los esfuerzos actuales del gobierno federal para reforzar la innovación tecnológica en materia de ALD, permitir que los bancos más pequeños compartan recursos de cumplimiento y facilitar una cooperación más estrecha entre los funcionarios de la Ley de Secreto Bancario, los reguladores y los investigadores.

Pero la legislación también incluye una serie de disposiciones completamente nuevas, incluyendo un llamado a la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) para fortalecer el alcance mediante la creación de una nueva oficina de enlace nacional y la tarea de varios empleados con la mejora de la comunicación entre las instituciones y los reguladores federales y estatales en regiones específicas del país.

La Ley de ALD también se basa en la Ley de Efectivo Ilícito (ILLICIT CASH Act), legislación defendida por el Senador Sherrod Brown (del partido demócrata de Ohio) y otros siete legisladores demócratas y republicanos que no lograron aprobar el Senado de manera independiente.

Al igual que la legislación de Brown, la NDAA le encarga a FinCEN la tarea de recopilar información de las agencias federales de control legal sobre la calidad de los ROS que cada institución financiera presenta, y luego compartir esos resultados con los examinadores federales, los examinadores estatales y las propias instituciones.

FinCEN, las agencias bancarias federales, el Departamento de Justicia, las agencias de seguridad nacional y los supervisores financieros estatales también se unirían para crear una lista de prioridades de cumplimiento contra los delitos financieros para que los bancos y otras instituciones la revisen e incorporen en sus programas de cumplimiento según lo justifiquen sus niveles y fuentes únicas de riesgo.

Los examinadores evaluarían si las instituciones financieras observan esas prioridades, que se actualizarían cada cuatro años, durante sus auditorías periódicas de lucha contra el lavado de dinero, mientras que FinCEN coordinaría con los reguladores, los investigadores y las instituciones para garantizar que todas las partes compartan el mismo entendimiento de las prioridades.

La legislación amplía en gran medida la participación del sector público en la administración de la Ley de Secreto Bancario al darles a la seguridad nacional y a los intereses a nivel estatal una voz significativamente mayor, dijo Richards. «Las prioridades de seguridad nacional ahora tienen que ser incorporadas en los programas de antilavado de dinero», añadió.

Al igual que las versiones anteriores del NDAA, el proyecto de ley que se aprobó, refuerza la aplicación contra las violaciones de la Ley de Secreto Bancario al autorizar al Departamento del Tesoro a emitir multas adicionales contra los infractores reincidentes, prohibir que los infractores «atroces» formen parte de la junta directiva de una institución financiera y recuperar los beneficios y bonos de los ejecutivos considerados responsables de los fallos de cumplimiento.

«El proyecto de ley se aplica a los banqueros que miran hacia otro lado para permitir el lavado de dinero, se aplica a los grandes bancos y sus sistemas de cumplimiento de mala calidad», dijo Brown al Senado. «Si estás ayudando a los traficantes de drogas a esconder sus ganancias ilegales de fentanyl, mereces más que un golpe en la mano. Los bancos no pueden ser demasiado grandes para ir a la cárcel».

La Ley de ALD también se difiere de sus predecesoras en varios aspectos, tanto mayores como menores.

La versión aprobada ordena a FinCEN a desechar casi por completo su regla de debida diligencia con el cliente, y redactarla nuevamente. La norma, que entró en vigor en mayo de 2018 requiere que los bancos y otras instituciones financieras tomen medidas para identificar a los verdaderos propietarios y gerentes operativos de las entidades legales a las que sirven.

Otra disposición del proyecto de ley final refuerza un programa de denuncia de irregularidades mediante el cual las personas que denuncien al Departamento del Tesoro o al Departamento de Justicia de EE.UU. violaciones de la legislación antiterrorista que den lugar a sanciones de al menos un millón de dólares, pueden recibir indemnizaciones monetarias.

Las anteriores versiones del proyecto de ley también otorgaban a los funcionarios de los EE.UU. la discreción de otorgar a los denunciantes la cantidad que considerasen necesaria, pero restringían el programa a FinCEN únicamente.

El lenguaje final de la reforma de la Ley de Secreto Bancario también amplía una propuesta anterior para permitir que FinCEN agilice la contratación de personal con habilidades especiales al poner la oportunidad a disposición de la más amplia Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro (TFI, por sus siglas en inglés), que además de la oficina alberga la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Oficina de Financiación del Terrorismo y Crímenes Financieros, y la Oficina Ejecutiva de Decomiso de Activos.

Por último, en virtud del texto negociado, un programa piloto mediante el cual las instituciones financieras mundiales pueden compartir datos sobre clientes y transacciones con sus sucursales, subsidiarias y filiales en el extranjero, seguiría impidiendo la participación de entidades de China, Rusia u otras jurisdicciones sujetas a sanciones y otras restricciones de EE.UU., o que de otro modo se consideren incapaces de proteger la información.

No obstante, el texto final daría al Secretario del Tesoro licencia para emitir exenciones a medida que permitan incluso a esas entidades compartir la inteligencia financiera si ello se ajusta a los intereses de la seguridad nacional de EE.UU.

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