En general, a los oficiales de cumplimiento no les gustan las zonas grises. Las áreas grises piden juicios de valor, los juicios de valor conducen a errores y los errores conducen a malas situaciones para las instituciones financieras y, en ocasiones, para los clientes. Las áreas grises referidas a la explotación financiera de los mayores¹ van más allá del color del pelo de un cliente. Desde la definición de quién califica como “mayor”, a si el mayor es “explotable”, hasta los requisitos de información, un director de programa de antilavado de dinero (ALD) debe tener una visión global del problema que está tratando de resolver con el fin de desarrollar una solución integral sostenible.

La explotación económica de los mayores ha obtenido mucha prensa en los últimos años. Según la Senadora Claire McCaskill en su declaración de apertura a la Comisión Especial del Senado sobre el Envejecimiento, “Aproximadamente uno de cada cinco adultos mayores será objetivo de explotación financiera de alguna forma, por valor de miles de millones en pérdidas cada año”.² La explotación financiera de los mayores probablemente aumentará a medida que nuestra población envejece con 10.000 personas cumpliendo 65 años todos los días durante los próximos 15 años.³ Esto suponiendo que la tasa de explotación se mantendrá constante en uno de cada cinco, lo que equivale a aproximadamente 73.000 nuevas víctimas todos los años. Al añadir a esa estadística alarmante el hecho de que la mayoría de las víctimas no hacen denuncias por un sinnúmero de razones (vergüenza, miedo de las acusaciones penales contra un familiar o cuidador, miedo a la pérdida de la independencia), resulta bastante fácil entender por qué hacer frente a la explotación económica de los mayores ha adquirido un sentido de urgencia. A medida que la economía lucha por recuperarse, los adultos mayores se hacen más atractivos para los estafadores porque tienen activos tangibles tales como bienes raíces, ahorros en efectivo, pensiones y otros ingresos de jubilación.

Aunque no sea un tema nuevo, el aumento de la exposición del papel que juegan las instituciones financieras en el fenómeno probablemente se remonta a la Asesoría FIN-2011-A003 de Instituciones Financieras en la Presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas Respecto de la Explotación Financiera de Mayores de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN). La Asesoría deja muy en claro a las instituciones financieras que la sospecha de la explotación financiera de un individuo de edad avanzada es una ofensa que merece un reporte de operaciones sospechosas (ROS). Se aconseja a las entidades financieras utilizar la frase “explotación económica de un mayor” en la narrativa del ROS al informar incidentes sospechosos. Además, la Asesoría afirma que una posible víctima de explotación financiera nunca debe aparecer como el tema del ROS sino que la información que identifica debe añadirse a la narrativa del ROS.

Curiosamente, la Asesoría FIN-2011-A003 prosigue afirmando que “El abuso de los mayores, incluida la explotación económica, se reporta e investiga generalmente en el ámbito local, con los Servicios de Protección para Adultos [APS], las oficinas del Fiscal del Distrito, las oficinas de alguaciles y los departamentos de policía tomando papeles clave. Hacemos hincapié en que los contribuyentes deben seguir reportando todas las formas de maltrato a personas mayores de acuerdo con las políticas institucionales y los requisitos de las leyes y reglamentos estatales y locales, en su caso”. La declaración es interesante debido a que un estudio de 2011 de la Oficina de Contabilidad General sobre Abuso de Mayores⁴ indica que sólo 10 de los 50 estados establecen la obligación de denunciar la sospecha del maltrato a personas mayores (incluida la explotación financiera) a APS. Los reportes indican que muchas instituciones financieras en los estados sin reportes obligatorios de APS luchan por equilibrar el deseo de denunciar la explotación financiera sospechosa con los requisitos de varias leyes de privacidad que protegen la información de los clientes que debe mantenerse reservada.

En un golpe de genio, siete autoridades reguladoras se reunieron en 2013 para emitir la Orientación Interinstitucional sobre Leyes de Privacidad y Denuncias del Abuso Financiero de los Adultos Mayores NR 2013-148.⁵ La Orientación es clara en su mensaje: “la denuncia del abuso financiero sospechoso de los mayores a las agencias estatales o federales locales adecuadas no viola, en general, las disposiciones de privacidad de la GLBA (Ley Gramm-Leach-Bliley) o su normativa de desarrollo”.

Los empleados de las instituciones financieras se encuentran a menudo en buena posición para ser la primera, y a veces la única, parte autónoma capaz de ver y analizar posibles alertas rojas de explotación financiera (véase el Apéndice A). Si bien los reguladores no han documentado específicamente en el manual de examen del Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras (FFIEC) de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD), la expectativa de tejer indicadores de alertas rojas sobre la explotación financiera de mayores en un programa de ALD, el tema ha sido cubierto ampliamente por seminarios de Internet y conferencias sectoriales.

La amplia cobertura de la explotación financiera de mayores en un programa de ALD requiere un enfoque reflexivo sobre el tema. Si bien la presentación de informes automatizados o manuales puede incorporar ciertas tipologías en el programa de vigilancia, un gestor de programas de ALD debe pensar dos veces antes de confiar únicamente en el programa de vigilancia para cubrir el riesgo totalmente. Hay otras áreas de un programa de ALD que merecen igual consideración: conozca a su cliente (KYC), la diligencia debida del cliente (DDC), la mayor clasificación empresarial de riesgos y la formación, por nombrar unos pocos.

Comience con lo básico—KYC. Hay tantos aspectos de este principio fundamental de la BSA que se pueden aplicar a la construcción de un sólido programa de explotación financiera de mayores. Por empezar, su institución debe definir claramente “mayor” en su programa de ALD. ¿Es mayor cualquier persona de más de 50 (piense en AARP) o se trata de cualquiera elegible para las pensiones de la Administración de Seguridad Social (por ejemplo, 62 años o más)? Cada estado ofrece su propia definición de “mayor”. Las instituciones financieras que hacen negocios en varios estados harían bien en establecer firmemente y documentar su definición de mayor para proporcionar orientación a los que tratan al cliente y los asociados de investigación. Asegúrese de que está cómodo con cómo su proveedor de software de vigilancia define “mayor” y que la definición sea coherente con las orientaciones impartidas en otra documentación y/o programa de capacitación.

Para los clientes que entran en la definición institucional de la tercera edad, la institución debería considerar si se justifica un DDC añadido y/o diligencia debida mejorada (EDD). ¿El cliente vive solo? ¿El cliente tiene un cuidador familiar o no familiar que ayuda con las tareas o las finanzas diarias? ¿El cliente ha dado poder legal? La actividad transaccional esperada es información crítica al determinar si los fondos que salen de la cuenta de las personas mayores resultan inusuales o sospechosos. Es comprensible que muchos clientes (o sus familiares/cuidadores) consideren que preguntas como éstas son una invasión de la privacidad o un exceso del banco en su necesidad de información. Lamentablemente, muy pocas personas van a ver las preguntas detalladas como una herramienta para la protección de los activos o para que la entidad financiera tome su responsabilidad fiduciaria en serio.

Philip Marshall, nieto del filántropo y mayor víctima de explotación financiera Brooke Astor, declaró bastante elocuentemente en su discurso preparado ante la Comisión Especial del Senado de los EE.UU. sobre el Envejecimiento el 4 de febrero del 2015, que “la vigilancia fiscal debe coincidir con el seguimiento físico para asegurar el bienestar de los ancianos”. El tema es que los clientes pueden no apreciar la “vigilancia fiscal” que ofrece una DDC robusta o programa de EDD. El entrenamiento para los que se manejan con los clientes y los asociados de la trastienda es crucial para el éxito de la identificación, la derivación y la notificación de posibles casos de explotación financiera de los mayores.

La clasificación de negocios a un nivel de riesgo más alto también puede desempeñar una parte importante de un programa integral de ALD para combatir la explotación financiera de los mayores. Los directores de programas de ALD son conscientes de las tradicionales empresas de “mayor riesgo”, tales como las empresas de servicios monetarios (MSB) y otras empresas que usan efectivo de manera intensiva. Las instituciones financieras no bancarias (IFNB) también representan un mayor riesgo de lavado de dinero para una entidad financiera.⁶ El Manual de Examen de FFIEC de BSA/ALD establece, que las “IFNB se definen ampliamente como instituciones distintas de los bancos que ofrecen servicios financieros”. El Manual lista siete industrias que pueden ser consideradas IFNB, incluyendo casinos y compañías de seguros. El Apéndice D del Manual lista 25 empresas/industrias diferentes que se consideran legalmente “instituciones financieras”. Un tipo de empresa que ofrece servicios de banca, que claramente no es un banco y, a menudo no es considerada en discusiones de instituciones financieras no bancarias (y no está incluida en el Apéndice D) es el hogar de ancianos. Los hogares de ancianos pueden ser una amenaza no identificada para un programa de ALD que se esconde a plena vista.

Muchos hogares de ancianos mantienen cuentas de residentes. Los residentes que han agotado sus propios fondos y están recibiendo Medicaid generalmente tienen que aplicar todos sus cheques del Seguro Social (excepto una asignación para gastos personales) a los costos de su cuidado de ancianos con el saldo pagado por Medicaid. En 2013, los residentes de hogares de ancianos tenían derecho a mantener aproximadamente $50 de sus cheques mensuales de Seguro Social a sus gastos personales. En estos casos, los cheques del Seguro Social se endosan a la residencia de ancianos al momento del ingreso, la residencia de ancianos entonces “devuelve” el importe de adjudicación personal cada mes al residente. A menudo, la devolución de los fondos al residente se logra mediante la apertura de una “cuenta” en el hogar de ancianos donde el residente puede solicitar un retiro de fondos en efectivo o puede solicitar fondos a los distintos servicios que ofrece la casa, tales como peluquería o lavandería. Además, los residentes o sus familiares pueden hacer depósitos en la cuenta. Por otra parte, en Nueva York (y potencialmente en otros estados) la Ley de Higiene Mental⁷ permite que los hogares de ancianos obtengan el poder legal sobre los fondos de los residentes mediante la presentación de peticiones de tutela. Los residentes o miembros de la familia a menudo no son conscientes de que la petición ha sido presentada hasta que se ha concedido la tutela.

Aunque no suelen clasificarse como “empresas de efectivo intensivo”, puede haber más dinero cambiando de manos en un hogar de ancianos que lo que imagina inicialmente un banquero. Desde una perspectiva del programa de ALD, cuando se ofrecen servicios bancarios a un hogar de ancianos, se debe considerar si la actividad representa un riesgo oculto de lavado de dinero o explotación económica mayor. ¿Se le ocurre cualquier blanco más fácil para el robo de fondos de personas mayores que pueden encontrarse con discapacidad mental o física, o ambas cosas? Las posibilidades de robo incluyen desde la malversación por parte de la residencia de ancianos (¿quién echaría de menos estos fondos?) hasta el ayudante “útil” que ofrece conseguirle algunos artículos necesarios a un residente y, o bien no compra los artículos o bien factura por encima del precio de los artículos comprados. Este párrafo no debe interpretarse en el sentido de que todos los hogares de ancianos son paraísos de delincuentes ni que toda la gente que sirve a nuestros ancianos en los asilos de ancianos son ladrones, sino más bien que las cuentas no reguladas (por examinadores bancarios federales) en hogares de ancianos presentan un mayor riesgo de robo, fraude y explotación económica de los mayores.

El entrenamiento sobre la explotación financiera de los mayores debe ser más que un ejercicio de “marcar la casilla”. Al diseñar un programa integral para hacer frente a la explotación financiera de los mayores, un gestor de programas de ALD debe tener un entrenamiento reflexivo, y si es posible, específico, para hacerles frente a las mejoras en el programa. Los asociados que tratan con los clientes deben estar expuestos a las alertas rojas de posible maltrato y explotación a personas mayores. Los asociados de las oficinas interiores deben saber si se requiere la notificación obligatoria a APS en su estado. Muchos estados están participando en el esfuerzo de formación mediante el reconocimiento de las instituciones financieras como parte integral de una solución al problema de la explotación. Cada vez más, las instituciones financieras son invitadas por organizaciones estatales a entrenamientos dedicados al tema. Por ejemplo, Maine ha desarrollado un programa titulado Senior$afe que se utiliza como modelo para otros programas estatales. “Senior$afe fue creado para aumentar la identificación y notificación de casos sospechosos de explotación financiera de mayores—específicamente, por las instituciones financieras”.⁸ Senior$afe incluye la capacitación de los cajeros y otros empleados de cara al cliente y se centra en las alertas rojas para el maltrato de los mayores y la explotación financiera. Una segunda capacitación en el marco del programa es para los directivos y el personal de cumplimiento y se centra en el desarrollo de un programa documentado para tratar los casos identificados de potencial abuso de los mayores y la explotación económica. Los directores de programas de ALD harían bien en considerar un enfoque de dos niveles similares en la formación.

Algunos profesionales de cumplimiento pueden creer que el paso final en el proceso de construcción de un programa de ALD integral para hacer frente a la explotación financiera de mayores consiste en documentar las decisiones que se han hecho. Si bien la documentación de decisiones es claramente un paso vital en cualquier programa de ALD, en este caso no es el paso “final”. El paso final es estar al tanto del paisaje siempre cambiante de las leyes y regulaciones que afectan a los mayores. Si la definición de “mayores” cambia en cualquier estado en que usted hace negocios, como oficial de cumplimiento de ALD, usted tiene que estar al tanto de los cambios y tener procesos para actualizar el programa según sea necesario. Un programa de ALD de explotación financiera de mayores debe ser lo suficientemente flexible como para cambiar con las expectativas regulatorias. Una vez que se haya implementado un programa de ALD integral para hacer frente a la explotación financiera de los mayores, no se ha llegado al final—sólo se ha llegado a un nuevo comienzo. “Ser complaciente con la justicia de los mayores es ser cómplice en el maltrato de ancianos”.⁹

Amy Wotapka, CAMS, CRCM, jefa de programa de ALD, Johnson Bank, Racine, WI, EE.UU., awotapka@johnsonbank.com

1. La definición de “explotación” del Centro Nacional sobre el Maltratado a Adultos Mayores es “la toma ilegal, uso indebido u ocultamiento de fondos, propiedades o bienes de una persona mayor vulnerable”.
2. Claire McCaskill, la Comisión Especial del Senado sobre el Envejecimiento, 4 de febrero del 2015, http://www.aging.senate.gov/imo/media/doc/SCA_CMC_2_4_15.pdf
3. Kathleen M. Quinn, Broken Trust: Combatting Financial Exploitation of Vulnerable Seniors, 4 de febrero del 2015, http://www.aging.senate.gov/imo/media/doc/SCA_Quinn_2_4_15.pdf
4. Oficina de Contabilidad General, Elder Justice: Stronger Federal Leadership Could Enhance National Response to Elder Abuse, 21 de marzo del 2011, http://www.gao.gov/new.items/d11208.pdf
5. La Oficina del Contralor de la Modeda, “Federal Regulators Issue Guidance on Reporting Financial Abuse of Older Adults,” 24 de septiembre del 2013, http://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2013/nr-ia-2013-148.html
6. The Federal Financial Institutions Examination Council, Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering Examination Manual, 14 de noviembre del 2014, http://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/documents/BSA_AML_Man_2014.pdf
7. La Ley de Higiene Mental, http://www.nycourts.gov/ip/gfs/Article_81_Law_2008.pdf
8. Judith M. Shaw, Broken Trust: Combating Financial Exploitation of Vulnerable Seniors, 4 de febrero del 2015, http://www.aging.senate.gov/imo/media/doc/SCA_Shaw_2_4_15.pdf
9. Philip C. Marshall, Broken Trust: Combating Financial Exploitation of Vulnerable Seniors, 4 de febrero del 2015, http://www.aging.senate.gov/imo/media/doc/SCA_Marshall_2_4_15.pdf
10. “Preventing Financial Abuse of the Elderly,” Consumer Reports, 4 de noviembre del 2009, http://www.specialneedsnewyork.com/pdf/consumer-reports-october-2009.pdf
11. Marion Trelle, “Financial Exploitation of the Elderly: A Critical Review,” http://www.uwplatt.edu/files/urce/BigMTrelleVI.pdf
12. La Oficina del Contralor de la Moneda, “Interagency Guidance on Privacy Laws and Reporting Financial Abuse of Older Adults,” http://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2013/nr-ia-2013-148a.pdf