Evaluaciones Mutuas Señalan la Falta de un Registro Único a Nivel Nacional

En el combate contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la mayoría de los países han demostrado un nivel adecuado de cumplimiento implementado normas a seguir en sus programas nacionales y en sus marcos regulatorios. No obstante, a la hora de ejecutar y validar el nivel de efectividad, se identifican incumplimientos. Uno de los ejemplos más claros es la identificación del beneficiario final, que se ve más acentuado en los países latinoamericanos.

Tras los resultados de las ultimas evaluaciones mutuas realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se observa que ninguno de los países latinoamericanos ha tenido un nivel de cumplimiento satisfactorio, tratándose de la identificación del beneficiario final. Las mejores calificaciones fueron equiparables a parcialmente cumplido.

Para ejemplificar, se revisaron los resultados de las evaluaciones mutuas realizadas a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. En estas existe el mismo patrón: la falta de un registro único a nivel nacional. En dicho registro debe existir acceso a la información de las personas jurídicas, con información correcta y actualizada. Existe una falta de regulación estandarizada que establezca de manera clara la información y la documentación requerida para identificar a los beneficiarios finales. De igual manera, hacen falta medios que permitan verificar o validar la identidad de los beneficiarios finales.

Lo anterior representa un reto importante para los sectores públicos y privados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Los gobiernos deben establecer mecanismos que faciliten el acceso ágil y oportuno a información completa de los beneficiarios finales. De no ser así, se puede facilitar el vínculo voluntario o involuntario con operaciones de lavado de dinero por parte de los sujetos obligados.

Los gobiernos de los países latinoamericanos deberían implementar registros únicos nacionales donde se pueda consultar y validar la información de los beneficiarios finales. Dichos registros deben intervenir no sólo al momento de registrar a una nueva empresa, sino durante su vigencia. Entre otros, se debe registrar y mantener actualizada la estructura y tenencia accionaria de las sociedades. Además, los particulares y las agencias de procuración de justicia deben tener acceso y la posibilidad de cruzar dicha información con otras fuentes alternas que apoyen a los procesos de investigación.

Por su parte, el sector privado también tiene retos a la hora de identificar a los beneficiarios finales. No todas las entidades financieras, no financieras, o profesionales designados entienden la importancia de realizar la debida diligencia para identificar adecuadamente a los beneficiarios finales. La identificación y conocimiento de los clientes no necesariamente forma un elemento central de sus políticas.

Medidas Para Impulsar la Transparencia de los Beneficiarios Finales

México está entre los países que han empezado a tomar medidas para impulsar la transparencia de los beneficiarios finales en sus estructuras jurídicas. En 2018, México modificó la Ley General de Sociedades1 Mercantiles que obliga a las personas jurídicas a registrar la información de sus socios o accionistas y sus aportaciones, en un sistema electrónico administrado por la Secretaría de Economía. Asimismo, como parte de la reforma fiscal de 2020, aprobó reformas al Código Fiscal de la Federación, donde se exige a los sujetos obligados proveer el nombre y el número de identificación fiscal de los socios y accionistas cada vez que se realice alguna modificación o incorporación. Esto permite contar con información actualizada de los beneficiarios finales.

Estos esfuerzos parecen ser adecuados, sin embargo, la próxima evaluación mutua revelará si estos cambios son suficientes para cumplir con el estándar internacional en materia de identificación de beneficiarios finales.

El Estándar Internacional Respecto a los Beneficiarios Finales

No obstante los esfuerzos de los países latinoamericanos en la materia, no se debe perder de vista la reciente aprobación en EE.UU. de la ley para la prevención de lavado de dinero, Anti-Money Laundering Act of 2020, la cual modifica la Ley de Secreto Bancario e incluye un título sobre beneficiarios finales. La nueva ley requiere que las sociedades y entidades financieras, proporcionen a las autoridades de procuración de justicia entre otros, información sobre los beneficiarios finales o de quienes detenten el control de una sociedad desde el momento de su constitución. También se debe actualizar dicha información si existe algún cambio.

La reforma establece sanciones para quienes deliberadamente proporcionen información falsa, incompleta, o no actualicen oportunamente la información de los beneficiarios finales. Los infractores deberán pagar multas civiles de hasta 500 dólares por cada día bajo vigencia de la infracción por no proporcionar información actualizada y real de los beneficiarios finales. Además de multas de hasta diez mil dólares y/o dos años en prisión.

Por otra parte, la nueva ley establecerá un nuevo estándar respecto a los beneficiarios finales, la cual tendrá impactos extraterritoriales para las entidades financieras que mantengan cuentas de banca corresponsal con bancos de EE.UU. La ley Anti-Money Laundering Act of 2020 establece que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia pueden solicitar o requerir información a cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta corresponsal en el país. Sin embargo, esta facultad no se limita a los registros relacionados con la cuenta corresponsal—limitación que existía previamente—sino que se puede solicitar información relacionada con cualquier cuenta del banco extranjero, incluidos los registros que se mantengan fuera de EE.UU.

Esta ley prohíbe a los tribunales suprimir o modificar las solicitudes o requerimientos de información con el argumento de que el cumplimiento entraría en conflicto con las leyes de confidencialidad o secreto bancario extranjero. En el caso de incumplimiento, los bancos extranjeros pueden ser responsables de multas civiles de hasta 50 mil dólares por cada día que no proporcionen la información solicitada, y pueden imponer sanciones adicionales si el banco extranjero no cumple durante un plazo superior a los 60 días.

Indudablemente, esta ley y las nuevas exigencias para los estándares internacionales acelerarán la implementación de regulaciones por parte de los congresos de los países latinoamericanos o mejores prácticas por parte del sector privado en aras de fortalecer los programas nacionales de prevención de lavado de dinero y no perder acceso a los sistemas financieros globales.

Manuel Acevedo, director legal y de cumplimiento, Vortix Group, macevedo@dlx.financial

  1. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2018. (Artículos 73 y 129)
  2. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019. (Artículo 27)

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