Los Registros de Propietarios Efectivos Finales de la Unión Europea Cambian las Reglas de Juego

Identificar a los propietarios efectivos finales con un nivel satisfactorio de certeza ha sido una tarea manual y a menudo fastidiosa para los analistas de conozca a su cliente y los oficiales de cumplimiento. Las cuestiones varían desde el desciframiento de estatutos mal escaneados, hasta el diseño, la recopilación y la verificación de formularios de declaración de los beneficiarios efectivos finales, así como diagramas redactados a lápiz. Sin embargo, las recientes directivas de la Unión Europea exigen que los Estados miembros creen y mantengan registros públicos de propiedad efectiva constituyen un cambio en la búsqueda de una mayor transparencia empresarial.

En el ámbito del antilavado de dinero (ALD) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT), la transparencia de las empresas no es un objetivo secundario. La mayoría de, si no todos, los recientes escándalos de lavado de dinero de alto perfil implicaron el uso indebido de personas jurídicas para colocar e integrar el producto mal habido. En los escándalos de los Papeles de Panamá, las lavanderías rusas y el Banco Danske se utilizaron, entre otras cosas, sociedades ficticias u otros arreglos jurídicos opacos, directores nominales o acciones al portador. Estas prácticas son conocidas como alertas rojas para los profesionales del cumplimiento de las normas de ALD/CFT. Para los delincuentes financieros, estas entidades jurídicas son instrumentos necesarios para ocultar la propiedad real de los activos y su origen ilícito.

Optimizando la Transparencia Empresarial

Las instituciones financieras tratan habitualmente con diversos tipos de entidades jurídicas, como empresas, sociedades, asociaciones, fideicomisos, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Como parte de la diligencia debida del cliente (DDC), se exige a las instituciones financieras que identifiquen a los beneficiarios efectivos de estas entidades. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por propietario efectivo final se refiere «a la(s) persona(s) física(s) que en última instancia es (son) propietaria(s) o controla(n) a un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción».1

La identificación de los beneficiarios efectivos requiere la recopilación de información precisa, completa y actualizada. Por lo tanto, las siguientes dos preguntas deben contestarse:

  • ¿Dónde se puede encontrar la información necesaria?
  • ¿De quién es la responsabilidad de atestiguar que la información sobre los propietarios efectivos finales es actual, precisa y completa?

La Cuarta Directiva de la Unión Europea de Antilavado de Dinero (4AMLD, por sus siglas en inglés)2 aclaró que debería ser responsabilidad de cada persona jurídica obtener, conservar y compartir esa información sobre la propiedad efectiva. Los registros de propiedad efectiva reciben esta información directamente de las personas jurídicas, sobre la base de una definición detallada de lo que significa la propiedad efectiva. La buena noticia para los bancos es que el concepto de propiedad efectiva está siendo mejor reconocido por las personas jurídicas. Además, la carga de la información fiable sobre la propiedad efectiva se comparte entre las personas jurídicas y las autoridades públicas encargadas de mantener los registros nacionales. Como principales usuarios del registro que han recopilado información sobre los beneficiarios finales durante mucho tiempo, las empresas obligadas por el ALD/CFT serán importantes guardianes. Se espera que señalen las incoherencias en el registro oficial de propietarios efectivos y planteen a las autoridades competentes las situaciones en que las discrepancias en la información sobre los propietarios efectivos revelan riesgos de ALD/CFT.

Los registros de propiedad efectiva liberarán a los bancos y otras entidades obligadas de los gravosos procesos de interpretación y verificación de la información sobre la propiedad efectiva. Si se utilizan dentro de un marco sólido de DDC, los registros podrían mejorar la forma en que las entidades obligadas evalúan el riesgo de ALD de sus clientes personas jurídicas. En última instancia, corresponderá a cada entidad obligada utilizar el ancho de banda ahorrado al no tener que recopilar información sobre la propiedad efectiva para mejorar la evaluación y la mitigación de los riesgos.

En el siguiente cuadro se resumen las principales consideraciones para que las entidades obligadas utilicen los registros de propiedad efectiva dentro de los procesos mejorados de DDC.

Si bien los registros de propiedad efectiva pueden representar una importante oportunidad para que las entidades obligadas aumenten la eficacia y la eficiencia de los procesos de DDC, también plantean una serie de problemas. Entre otras cosas, se trata de asegurar que los beneficiarios efectivos identificados en los registros nacionales no experimenten repercusiones desproporcionadas en sus derechos a la intimidad.

Acciones Inteligentes Para la DDC Informada

Las instituciones financieras y otras entidades obligadas deberían tener un plan de acción claro para integrar la información almacenada en los registros de los propietarios efectivos finales en sus datos de DDC. Aunque los nuevos clientes deben ser incorporados a través de los procesos actuales que incluyen la recuperación de información beneficiosa de los registros oficiales, las entidades obligadas deben realizar verificaciones más globales para confirmar o posiblemente actualizar y/o complementar sus registros. Estas verificaciones no pueden realizarse de manera realista en un solo grupo. No es probable que se desarrollen registros nacionales con capacidad técnica para procesar solicitudes masivas y los resultados requerirían un ancho de banda considerable de las entidades obligadas. Una alternativa racional sería aplicar un enfoque por etapas que dé prioridad a los clientes evaluados con un nivel de riesgo más alto, como por ejemplo:

  • Clientes con un nexo con jurisdicciones de alto riesgo
  • Clientes que realizan actividades en sectores económicos de alto riesgo
  • Clientes asociados con entidades o individuos de mayor riesgo
  • Los clientes con un historial de transacciones sospechosas

Se prevé que el volumen de beneficiarios efectivos identificados aumente debido a una mejor comprensión del concepto de propiedad efectiva por parte de las personas jurídicas y a la responsabilidad más firme de éstas de proporcionar información completa, exacta y actualizada sobre la propiedad. El aumento del volumen de personas requerirá una mayor capacidad de selección para cargar y procesar datos, analizar los resultados de la selección y remediar los riesgos descubiertos. Para las entidades obligadas que desean una evaluación sólida del riesgo del cliente, podría ser un buen momento para determinar cuán adecuados son sus instrumentos de detección.

Efectos Secundarios en la Privacidad

Además de ALD/CFT, la protección de los datos personales constituye otro importante impulso normativo en la Unión Europea. Así pues, la introducción de registros de propiedad pública podría tener consecuencias para las personas inscritas en esos registros. Con la introducción del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés), la Unión Europea situó la protección de datos en un nivel muy alto de su agenda política. Como resultado, se han intensificado los debates entre los encargados de la formulación de políticas de la Unión Europea sobre las ventajas de hacer públicos estos registros, especialmente teniendo en cuenta los posibles riesgos que pesan sobre la privacidad de las personas. Este desafío regulatorio y el equilibrio resultante que se alcanzó está bien definido en la Quinta Directiva de la Unión Europea de Antilavado de Dinero (5AMLD, por sus siglas en inglés):

«Se debe buscar un equilibrio justo entre el interés público general en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo y los derechos fundamentales de los interesados. El conjunto de datos que se pongan a disposición del público deberá ser limitado, clara y exhaustivamente definido, y deberá ser de carácter general, a fin de reducir al mínimo el posible perjuicio para los beneficiarios efectivos».3

El «prejuicio potencial» incluye «riesgo de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación». La 5AMLD permite a los Estados miembros prever exenciones de divulgación pública cuando esa información exponga a los beneficiarios efectivos a los riesgos mencionados. Sin embargo, esto no es una salvaguardia suficiente para el Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS, por sus siglas en inglés). En lo que respecta a la 5AMLD,4 el EDPS sostiene que la finalidad de la 5AMLD (prevenir el uso indebido del sistema financiero para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otros delitos financieros) no entraña el acceso público a los registros de propietarios efectivos porque los periodistas de investigación, las organizaciones no gubernamentales y el público en general no son entidades obligadas en virtud de la 5AMLD. Por lo tanto, su acceso a los registros de propiedad efectiva no puede justificarse a través de los fines que persigue esta directiva.

EE.UU. Va Detrás de la Unión Europea en Cuanto a los Esfuerzos de Propiedad Efectiva Final

En EE.UU., la Norma Final de DDC de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de 2018 introdujo los requisitos para que los bancos identifiquen a los beneficiarios efectivos de sus clientes, 13 años después de la Tercera Directiva de la Unión Europea de Antilavado de Dinero (3AMLD, por sus siglas en inglés). Aunque los EE.UU. ha sido más lento que la Unión Europea a la hora de establecer los requisitos para que los bancos y otras entidades obligadas identifiquen a los propietarios efectivos de sus clientes, están empezando a ponerse al día. En el momento de redactar el presente documento, la Ley de Transparencia Empresarial de 2019, que pondría en marcha un registro federal de beneficiarios efectivos bajo la égida de la FinCEN, ha sido aprobada por la cámara de representantes y se encuentra en comisión en el Senado. Sus disposiciones sugieren que la actual laguna normativa puede no durar mucho tiempo.

Sin embargo, EE.UU. parece haber encontrado un equilibrio ligeramente diferente con la protección de datos. El registro federal propuesto no estaría a disposición del público, pero estaría disponible sobre la base de solicitudes oficiales de acceso de las agencias de control legal, la seguridad nacional, los organismos de inteligencia y las empresas sujetas a la Ley de Secreto Bancario/ALD. Aunque no es seguro que este proyecto de ley se abra paso en el Senado antes de las elecciones de EE.UU., la propuesta recibió un buen apoyo bipartidista y demuestra que los registros de propiedad efectiva son medidas políticas sólidas para lograr una mayor transparencia empresarial.

El 6 de febrero de 2020, el Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó la «Estrategia Nacional para la Lucha contra el Terrorismo y otra Financiación Ilícita». En este documento se afirma que la falta de información sobre la propiedad efectiva es la principal vulnerabilidad del actual marco normativo de antilavado de dinero y la contrafinanciación del terrorismo de EE.UU., lo que alimenta aún más la necesidad de una mayor transparencia en torno a la propiedad efectiva final. La evaluación mutua de EE.UU. realizada por el GAFI en 2016 también señaló la falta de información oportuna sobre los propietarios activos finales como una de las principales deficiencias del marco del antilavado de dinero y la contrafinanciación del terrorismo de EE.UU.

Un Paso Adelante

Los registros de propiedad efectiva final son un elemento bienvenido para fomentar una mayor transparencia empresarial. Estos registros permitirán a los bancos y otras entidades obligadas de la Unión Europea disponer de información completa, exacta y actualizada sobre los beneficiarios efectivos finales de sus clientes. El tiempo que se ahorre en la recopilación de la información necesaria debe dedicarse sabiamente a mejorar las evaluaciones de los riesgos de los clientes. En última instancia, los registros de propietarios efectivos finales mejorarán la cantidad, la calidad y la puntualidad de los reportes de operaciones sospechosas de las entidades obligadas.

Si bien los registros de propiedad efectiva complican el uso indebido de las personas y los arreglos jurídicos por parte de los delincuentes financieros, su disponibilidad para el público también puede plantear riesgos para algunas de las personas identificadas. ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que los casos de secuestro, extorsión o fraude revelen que las víctimas han sido identificadas mediante búsquedas en los registros de propiedad efectiva final? Las salvaguardias son necesarias para contrarrestar el derecho a la transparencia y el derecho a la privacidad. Para abordar el equilibrio y la proporcionalidad, algunos organismos reguladores nacionales ya han diseñado registros que limitan la cantidad de datos personales que se ponen a disposición del público en general y las exenciones a la divulgación sólo son posibles en caso de riesgos desproporcionados.

Sin embargo, no se debe suponer que los registros de propiedad efectiva sean el paso reglamentario decisivo. La cuestión de la transparencia de las empresas sigue siendo compleja y multifacética, por lo que también habrá que abordar otros mecanismos (por ejemplo, directores/propietarios designados, acciones al portador, arreglos jurídicos opacos). Teniendo en cuenta el carácter mundial de la economía, toda medida de fomento de la transparencia debe adoptarse también a nivel mundial. Será interesante observar si otras jurisdicciones siguen el ejemplo de la Unión Europea y establecen registros públicos de los propietarios efectivos finales. Sin embargo, mientras existan lagunas, los delincuentes financieros se aprovecharán de ellas.

Vincent Gaudel, CGSS, experto en cumplimiento, Accuity, vincent.gaudel@accuity.com

  1. “International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation,” Financial Action Task Force, June 2019, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
  2. “Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance),” EUR-Lex, 20 May 2015, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
  3. “Directive (UE) 2018/843 Of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance),” EUR-Lex, 30 mayo 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018L0843
  4. “EDPS Opinion on a Commission Proposal amending Directive (EU) 2015/849 and Directive 2009/101/EC EDPS,” European Data Protection Supervisor, 2 febrero 2017, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-02-02_opinion_aml_en.pdf

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