En la región de América Latina, los esfuerzos para combatir los delitos financieros deben tener en cuenta factores contextuales, como la pobreza, la educación financiera, el acceso al internet, la corrupción y la impunidad. Para los gobiernos que enfrentan estos desafíos contextuales, las criptomonedas pueden agregar otra capa de complejidad, independientemente del enfoque regulatorio en ese país. En este sentido, es importante considerar si los gobiernos pueden combatir eficazmente los delitos financieros en el ecosistema de las criptomonedas simplemente siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o si se necesitan medidas adicionales teniendo en cuenta la rápida evolución del panorama de las criptomonedas. ¿Cómo pueden los gobiernos realmente tener un impacto positivo con los recursos que tienen cuándo a veces estos recursos son limitados o inexistentes?

Muchos ciudadanos de la región de América Latina están recurriendo a las monedas digitales y virtuales por una variedad de razones que incluyen el envío de remesas, la inversión y el ahorro (especialmente en países que enfrentan altas tasas de inflación o inestabilidad gubernamental).¹ Por otra parte, los gobiernos no siempre han sido capaces de regular o aclarar las normas de las criptomonedas en sus países, lo que puede afectar a los principales actores del ecosistema y aumentar los riesgos de delitos financieros. Además, la falta de claridad sobre estas cuestiones también puede ser utilizada por los delincuentes para operar con impunidad y permanecer en el anonimato en jurisdicciones en las que existe opacidad o falta de normas significativas para abordar el ecosistema de las criptomonedas. Uno de los objetivos sería evitar que los delincuentes utilicen las criptomonedas como una herramienta fácil para cometer delitos en línea o incluso fuera de línea mediante la aplicación de normas y reglamentos. Un informe reciente de Global Financial Integrity analiza los beneficios de las crypto, así como los riesgos potenciales que pueden surgir.² El informe también sugería una serie de recomendaciones para que los gobiernos las tuvieran en cuenta a la hora de tratar con el ecosistema de las criptomonedas.

A nivel nacional

• Adoptar medidas para comprender mejor el ecosistema de las criptomonedas.
• Desarrollar una regulación exhaustiva y sustantiva que proporcione claridad y previsibilidad a usuarios e inversores.
• Educar a ciudadanos y usuarios.
• Reforzar la capacidad de persecución de los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
• Promover el debate y el intercambio de información entre todos los sectores de la sociedad.
• Apoyar las iniciativas del sector privado y de la sociedad civil.
• Seguir los protocolos nacionales e internacionales de conozca a su cliente y de antilavado de dinero/la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).

A escala regional

• Seguir las recomendaciones del GAFI sobre nuevas tecnologías, activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.
• Aprender de las experiencias de otros países.

Las crypto y América Latina

El ecosistema de las criptomonedas es parte de una nueva realidad técnica para todos los países, y en el caso de América Latina, los legisladores y las agencias y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben entenderlo para abordarlo adecuadamente. El sector público no siempre parece entender adecuadamente cómo funcionan las criptomonedas o cómo abordarlas de manera efectiva. Sin embargo, se convierte en un reto gobernar en un tema que a veces es muy técnico o evoluciona rápidamente. Desarrollar y compartir información entre las instituciones clave, junto con la formación, es necesario para abordar el asunto de una manera más multisectorial. Además, es importante realizar campañas de educación pública para informar a la sociedad sobre los beneficios y riesgos de las crypto, considerando que la adopción de las crypto está aumentando en la región. Lo mismo se aplica al sector privado para que las empresas obtengan claridad y previsibilidad con respecto a sus inversiones.

El manejo del ecosistema de las criptomonedas no es un tema aislado. Por el contrario, está estrechamente ligado a las capacidades de aplicación de la ley que tenían los países antes de la revolución crypto y a sus recursos, conocimientos y colaboración interinstitucional. Si bien estos aspectos no están necesariamente relacionados con los aspectos técnicos de las crypto en sí, pueden crear un entorno de prevención y enjuiciamiento más eficaz dentro de un país. Aunque existen medidas, protocolos y leyes de conozca a su cliente y ALD/CFT en el ámbito internacional y nacional, no basta con tenerlas sólo en papel (o presentarlas durante las visitas del GAFI). Más bien, los países deberían tener un diagnóstico nacional de cómo funciona el ecosistema de las criptomonedas en su país, los posibles sectores vulnerables, los cambios legislativos, la formación del personal y los recursos disponibles como parte de sus unidades de aplicación de la ley y judiciales. El objetivo es crear un entorno robusto de prevención con posibilidad de persecución real. Asimismo, es importante un flujo constante de información procedente del sector privado y de la sociedad civil para recabar información sobre los ámbitos que requieren atención. Teniendo en cuenta que los recursos en América Latina son limitados y que la tecnología, en algunos casos, está obsoleta. Es importante impulsar soluciones innovadoras y multisectoriales que impliquen a una amplia variedad de partes interesadas. No todas las soluciones se basan simplemente en tener «más presupuesto». Una colaboración eficaz, que incluya el intercambio de información y recursos, podría marcar la diferencia.

Desde una perspectiva internacional, la mayoría de los países de América Latina siguen rigurosamente las recomendaciones y evaluaciones del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En este sentido, la Recomendación 15 y las orientaciones sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales son especialmente importantes. Sin embargo, los países no deben detenerse ahí. El ecosistema de las criptomonedas está en constante evolución y los delitos con las crypto tienden a ser internacionales. Aprender de las experiencias de otros países, así como crear sinergias con ellos, puede crear asociaciones más fuertes entre los gobiernos y los esfuerzos regionales de aplicación de la ley. Compartir experiencias y seguir las orientaciones del GAFI son un buen comienzo, pero debe ser un trabajo continuo debido a la rápida evolución de los canales, métodos y actores implicados en los delitos relacionados con las criptomonedas. Uno de los retos para la región es lograr una forma de estandarizar su enfoque para prevenir el crimen y abordar el ecosistema de las criptomonedas. Desde nuestra experiencia, los países de la región tienen diferentes enfoques hacia la regulación de las criptomonedas. La mayoría de los países abordan el tema principalmente desde una perspectiva fiscal, y no se ha abordado completamente desde una perspectiva más multisectorial de protección financiera del consumidor (incluyendo cómo manejar delitos como robos de billeteras electrónicas, estafas, ataques de crypto-ransomware y comercio ilícito, entre muchos otros). Estos enfoques tampoco han abordado plenamente normas y prácticas de inversión seguras que satisfagan al mercado de criptomonedas, pero que también cumplan con los reguladores.

A nivel regional, los enfoques sobre las criptomonedas varían. Por ejemplo, países como México tienen un marco legal más robusto en la materia; Bolivia, en cambio, ha prohibido las criptomonedas; países como Paraguay, Panamá y Brasil están explorando posibles normas para regular las criptomonedas; y Colombia está utilizando sandboxes para entender la regulación. También está el caso de El Salvador, que ha adoptado el bitcoin como moneda de curso legal en el país. Estos países tienen su propia realidad nacional y no existe un modelo único. Sin embargo, dado que el mercado de las criptomonedas es relativamente nuevo y las normas y prácticas aún están «en formación», es importante que los países exploren, contrasten y compartan experiencias en materia de regulaciones para abordar las criptomonedas. Además, estos esfuerzos deben incluir la prevención, mitigación y detección de delitos financieros. Trabajando en colaboración en estos asuntos, los países pueden ser capaces de lograr un mayor impacto.

Conclusión

Los lineamientos del GAFI—y más concretamente del GAFILAT sobre las nuevas tecnologías y las criptomonedas—constituyen un importante punto de referencia, pero la labor de aplicarlas depende de cada país. La lucha contra el crimen financiero relacionado con las criptomonedas es una larga maratón de resistencia contra una realidad nueva y en rápida evolución en la que algunos países pueden no estar abordando el cambio de manera efectiva y otros pueden estar actuando de manera sectorial o simplemente pueden ser demasiado pasivos en su enfoque. Los países de la región latinoamericana deben hacer un esfuerzo concertado para analizar los riesgos que se plantean y asignar mejor sus recursos, aunque sean limitados.

Por último, América Latina es una región con un conjunto único de características que plantean riesgos específicos. Los altos niveles de corrupción, la falta de voluntad política en ciertos temas, la falta de recursos y otros factores podrían permitir a los delincuentes utilizar el ecosistema de las criptomonedas como una salida o herramienta para permanecer en el anonimato y actuar con impunidad. El uso eficaz de evaluaciones de riesgos, planes estratégicos y marcos jurídicos sólidos marcará la diferencia. Asimismo, cabe señalar que la cooperación internacional y regional también ayuda, especialmente en lo que respecta al intercambio de información y la transferencia de conocimientos. América Latina es más grande y más fuerte que los retos a los que se enfrenta, pero todas las partes interesadas deben comprometerse con la prevención de la delincuencia financiera, especialmente en lo que respecta a las nuevas tecnologías y ecosistemas.

Claudia Helms, gerente de programa, América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity
(GFI), chelms@gfintegrity.org

1. Claudia Helms, «Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within Latin America and the Caribbean», Global Financial Integrity, 14 de noviembre de 2022, https://gfintegrity.org/report/cryptocurrencies-a-financial-crime-risk-within-latin-america-and-the-caribbean/
2. El informe reúne repuestas de gobiernos, del sector privado, académico y de la sociedad civil a la luz de los cambios dinámicos de cambio rápido en la región. El informe analiza también cinco países –Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México—seleccionados porque el aumento de lo cripto y por los aspectos regulatorios y contextos locales únicos; ibídem.